Corte Internacional de Justicia y Corte Penal Internacional, ¿son distintas?

La guerra entre Rusia y Ucrania, la intervención militar de Israel en la Franja de Gaza y los conflictos diplomáticos entre países como México y Ecuador han llegado a los máximos tribunales internacionales en los últimos meses, la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Ambos tribunales tienen su sede en la ciudad de La Haya, en Países Bajos, por lo que puede ser fácil confundirlo. Sin embargo, sus similitudes no son mucho más que eso. A continuación, mostramos algunas de las diferencias entre los dos organismos, así como cuáles son funciones y sus casos importantes.

¿Cuáles son las diferencias entre la CIJ y la CPI? De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la manera más sencilla para distinguir la CIJ de la CPI es a quién van dirigidas sus investigaciones y las consecuencias de estas. Los casos que lleva la Corte Internacional de Justicia afectan a países, en cambio, la Corte Penal Internacional juzga a individuos por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Por otra parte, la CIJ es un órgano del sistema de Naciones Unidas. La CPI es un organismo independiente de la ONU, aunque cuanta con el respaldo de la Asamblea General. Además, la Corte Internacional de Justicia puede iniciar investigaciones y abrir causas de oficio relacionadas con presuntos crímenes cometidos en el territorio o por un nacional de un Estado que haga parte de la CPI o de un Estado que haya aceptado su jurisdicción. Origen y funciones de la Corte Internacional de Justicia La CIJ se creó en 1945 con el fin de resolver los litigios entre los Estados. Es uno de los seis órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas, junto con la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Sociales, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría. Es el único de estos órganos que no tiene su sede en Nueva York. La CIJ se encuentra en el Palacio de la Paz de La Haya. No se trata de un tribunal supremo al que puedan dirigirse los tribunales nacionales, a diferencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La CIJ solo puede conocer de un litigio cuando se lo solicitan uno o varios Estados.

Este tribunal está compuesto por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las elecciones se celebran cada tres años para un tercio de los puestos y los jueces que se han jubilado pueden ser reelegidos. Los magistrados no representan sus países, son independientes. Solo se permite un juez por nacionalidad. El Tribunal puede pronunciarse sobre dos tipos de casos: los "contenciosos", que son litigios jurídicos entre Estados, y los "procedimientos consultivos", que son solicitudes de opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas remitidas por órganos de las Naciones Unidas y algunos organismos especializados. Las disposiciones de la CIJ, que soluciona litigios entre Estados, son vinculantes pero no cuenta con medios para hacerlas cumplir. ¿Qué casos importantes lleva la CIJ actualmente? Estos son dos de los casos más importante sobre los cuáles la CIJ está deliberando actualmente. Sudáfrica vs. Israel El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó un caso contra Israel, el primero contencioso que se presenta contra el Estado Hebreo en la historia. Sudáfrica sostiene que, en su respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre, "los actos y omisiones de Israel (...) son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica (...) de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio”. En enero, la CIJ exhortó a Israel a evitar todo acto de genocidio y a permitir el acceso de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

México vs. Ecuador

La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre cuando comandos islamistas infiltrados desde Gaza perpetraron un ataque sin precedentes en el sur de Israel, que dejó más de 1,170 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de AFP establecido con base en datos oficiales israelíes. Además, más de 250 personas fueron secuestradas. En las últimas 24 horas, al menos 82 palestinos murieron en la Franja de Gaza, que eleva a 35,173 el número de muertos, en su mayoría civiles, en el territorio palestino en más de siete meses de guerra, indicó el ministerio de Salud de Hamás, en el poder en Gaza desde 2007. A principios de marzo, la CIJ ordenó a Israel, a petición de Sudáfrica, garantizar "una ayuda humanitaria de urgencia" en Gaza, ante una "hambruna emergente”. Las disposiciones de la CIJ, que soluciona litigios entre Estados, son vinculantes pero no cuenta con medios para hacerlas cumplir. Otro caso que lleva es la denuncia de México contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito el 5 de abril de este año, cuando hombres armados se llevaron por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas, procesado por la justicia de Ecuador y a quien las autoridades mexicanas habían concedido estatus de asilado. México pidió ante la CIJ el 30 de abril que la invasión de su embajada en Ecuador tenga consecuencias porque lo ocurrido representa una "grave amenaza" a las relaciones internacionales.

"El ingreso por la fuerza de Ecuador a nuestra embajada y el ataque contra el personal y la dignidad de nuestro personal diplomático debe tener consecuencias", dijo el jurista Alejandro Celorio Alcántara, agente mexicano, luego de los alegatos en el primer día de audiencias por el caso. El asalto a la embajada "plantea una grave amenaza al mantenimiento de las relaciones internacionales y es motivo de grave preocupación para la comunidad internacional", dijo Celorio Alcántara. "Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, la República del Ecuador las ha cruzado", dijo el jurista mexicano. La invasión de la embajada "muestra el desprecio del Ecuador por las normas fundamentales, universalmente aceptadas y de larga data. Esta conducta crea un riesgo inminente de que pueda ocurrir otra violación", expresó. Ante la gravedad de lo ocurrido, México elevó el caso a la CIJ para pedir, entre otras cosas, la suspensión temporaria de la membresía ecuatoriana en el sistema de la ONU. En su demanda, México pide a la CIJ que declare que Ecuador violó sus obligaciones internacionales, y que suspenda la membresía ecuatoriana a la ONU hasta que las autoridades de ese país emitan un pedido público de disculpas. México también pide que la Corte siente como precedente que un país que actúe "como lo hizo Ecuador (...) será expulsado de la ONU, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo VI de la Carta de las Naciones Unidas”. México pide además que la CIJ ordene a Ecuador "tomar los pasos inmediatos y adecuados para la protección de la sede diplomática, su propiedad y archivos, evitando toda intromisión en ellos”. La Corte Penal Internacional: cómo surgió y qué hace

También aspira a que la CIJ ordene que Ecuador permita al gobierno mexicano desalojar las instalaciones diplomáticas y las residencias de su personal. Entre sus demandas, solicita que "Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta que puedan perjudicar los derechos de México con relación a cualquier decisión que la Corte pueda emitir”. Desde el estallido del escándalo, los dos países han roto relaciones. Ecuador no se quedó de brazos cruzados y el 29 de abril formalizó ante la misma corte de la ONU una demanda contra México por el asilo concedido a Glas. El país sudamericano alega que México "ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios", como es el caso de Glas. Con relación a la contrademanda ecuatoriana, una fuente de prensa de la CIJ explicó que los dos casos son "legalmente diferentes", y en principio las audiencias de esta semana se concentran en las demandas mexicanas. "Legalmente son dos casos diferentes en esa fase, son casos separados", dijo. La Corte podrá más adelante, añadió la fuente, decidir fusionar las dos demandas. La Corte Penal Internacional (CPI) es un órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los crímenes se han cometido en el territorio de un Estado que ha ratificado el Estatuto de Roma. El autor de los crímenes es ciudadano de un Estado que ha ratificado el Estatuto de Roma. Un Estado que no ha ratificado el Estatuto de Rima hace una declaración de aceptación de la competencia de la Corte sobre el crimen Los crímenes se han cometido en una situación que amenaza o perturba la paz y la seguridad internacionales y el Consejo de Seguridad de la ONU ha remitido esa situación a la Corte de conformidad con el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas.

Si bien no todos los 193 Estados miembros de la ONU son partes en la CPI, esta puede iniciar investigaciones y abrir casos relacionados con presuntos delitos cometidos en el territorio o por un nacional de un Estado parte en la CPI o de un Estado que ha aceptado su jurisdicción. Su tratado, el Estatuto de Roma, fue negociado dentro del sistema de la ONU y fue adoptado en julio de 1998. En este tratado se definen los crímenes de la competencia de la Corte y se especifica cómo funcionará esta y qué deberán hacer los Estados para cooperar con ella. La CPI empezó a funcionar en 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. Los tribunales nacionales siempre tendrán competencia sobre los crímenes investigados. De acuerdo con el principio de complementariedad, la Corte sólo actuará si los tribunales nacionales no quieren o no pueden hacerlo. La Corte tiene competencia para iniciar enjuiciamientos: ¿Qué casos importantes investiga la CPI?

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre su investigación sobre crímenes de guerra en Libia, Khan fue cuestionado por los embajadores de Rusia y Libia, quienes criticaron lo que calificaron de inacción suya mientras Israel libra una guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. "Uno se pregunta si la eficacia de la CPI en este sentido se ve afectada por el hecho de que se ha presentado en el Congreso estadounidense un nuevo proyecto de ley bipartidista para sancionar a los funcionarios de la CPI implicados en la investigación no sólo de Estados Unidos sino también de sus aliados", dijo el embajador ruso Vasili Nebenzia. Nebenzia se refería a las noticias que informaban de la presentación de un proyecto de ley en este sentido en el Congreso estadounidense. Khan respondió citando lo que dijo eran amenazas contra él y su oficina para obligarlo a detener sus investigaciones. "No nos dejaremos influir, ya sea por órdenes de arresto para mí o el arresto de funcionarios electos del tribunal por parte de la Federación Rusa, o por otros funcionarios electos en cualquier otra jurisdicción", sostuvo Khan. En mayo del año pasado, Rusia incluyó a Khan en su lista de personas buscadas después de que el tribunal emitiera una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por su papel en la deportación de niños ucranianos a Rusia en el marco de la guerra.

A principios de mayo, la oficina de Khan dijo en X que "la independencia y la imparcialidad del tribunal se ven socavadas, sin embargo, cuando los individuos amenazan con tomar represalias contra el tribunal o contra el personal del tribunal". No dijo de dónde vienen las amenazas. "Tales amenazas, incluso si no se cumplen, pueden constituir un delito" contra la "administración de justicia" de la CPI, advirtió la oficina, pidiendo el fin de tal actividad. El tribunal hizo este comentario después de que informes de los medios estadounidenses e israelíes sugirieran que el fiscal de la CPI podría emitir órdenes judiciales contra políticos israelíes, incluidos el primer ministro Benjamin Netanyahu, y los líderes de Hamás. "Tenemos el deber de defender la justicia, defender a las víctimas", dijo Khan el martes. "Y soy plenamente consciente de que hay Goliats en esta sala. Hay Goliats con poder, con influencia", afirmó. Y añadió: "Tenemos algo llamado ley. Todo lo que puedo hacer es decir que haremos lo mejor que podamos. Haremos cumplir la ley con integridad e independencia”. Con información de AFP y Reuters]]>